Terrorismo fiscal, la solución recaudatoria

octubre 20, 2019by Soraya0

La precaria situación económica en la que nuestro país se encuentra, pero, particularmente, la caída en la capacidad de recaudación del gobierno federal empujaron a que la coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados optara por aprobar una reforma de terrorismo fiscal que atenta contra el bienestar de los ciudadanos. Sin duda, todos estamos a favor de combatir la defraudación fiscal, pues esto genera un daño al erario y al pueblo de México, sin mencionar que la venta de facturas se ha vuelto el negocio predilecto de algunos seudoempresarios; sin embargo, esta reforma no ataca el origen de ese problema, ni siquiera las consecuencias, más bien criminaliza al sector empresarial en su conjunto equiparando con delincuencia organizada a miles de compañías lícitas que aportan empleos a los mexicanos.

Si el objeto fuera ir contra ellos, la Secretaría de Hacienda ya hubiera iniciado algún procedimiento contra las 9,000 empresas ya identificadas como factureras, que han emitido más de 8 millones de facturas falsas, aplicando la ley vigente que determinaba sanciones económicas y hasta penales contra ellas, entonces ¿por qué no actúan conforme a lo que establecía el Código Fiscal?

Porque más bien buscan ir detrás de los empresarios legales, aquellos que sí existen, que sí tienen empleados y que sí cubren todas sus obligaciones fiscales y administrativas; la reforma, además de estar mal hecha y tener lagunas sobre su aplicación, ahora agrega la misma pena de un facturero a quienes por error o por desconocimiento tengan facturas por parte de este tipo de empresas, y los equiparan a todos por igual, como crimen de la delincuencia organizada, abriendo la puerta también a la extinción de dominio.

En otras palabras, quieren generar ingresos adicionales para sus programas sociales y proyectos de inversión de servilleta, yendo tras todos los bienes de empresas lícitas, aplicándoles no sólo la prisión preventiva oficiosa, sino la ley de extinción de dominio; esto significa que antes de que un juez determine de manera oficial si el contribuyente es realmente un delincuente organizado o no, de manera inmediata el Estado podrá tomar sus bienes e incluso venderlos, sin la necesidad de que exista el proceso penal adecuado.

Lo que pretende esta reforma no es enfrentar un problema con nuevas herramientas, pues las herramientas ya existían, lo que el gobierno quiere es compensar la caída en la recaudación que, por cierto, ellos mismos han generado, equiparando la defraudación, así como el de emisión, transmisión y adquisición de facturas falsas como un delito de la delincuencia organizada, y enmarcarla también dentro de Ley de la Seguridad Nacional.

Esto es algo inédito sin referente internacional, y que requerirá recursos adicionales para cárceles y para aumentar la capacidad del recién renombrado Instituto para devolverle al Pueblo lo Robado, que ahora también tendrá que administrar y enajenar todos los bienes que provengan de esta reforma.

Como diputada federal, estoy convencida de que, en efecto, la defraudación es un asunto que debe ser atendido con urgencia; sin embargo, como toda decisión que emane del legislativo, debe ser proporcional y apegarse a nuestro marco jurídico constitucional.

Lo que urge es encontrar mecanismos para incentivar más las inversiones y la creación de empleos, no crear medidas que fomenten el terrorismo fiscal y que violan los derechos humanos y la presunción de inocencia de los mexicanos.

Hoy, México necesita diputados que legislemos en materia hacendaria y que diseñemos incentivos para el desarrollo económico y la estabilidad, pero, desafortunadamente, lo aprobado va en sentido contrario, minando la atracción de inversiones y el ambiente de certeza jurídica, y nos acerca aún más, e inevitablemente, a una recesión económica.

Soraya


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